Población Indígena

 

En México hay 16.933.283 indígenas, que representan el 15,1% de la población total. México ha adoptado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y es una nación pluriculural desde 1992. Sin embargo, la población indígena del país se sigue enfrentando a numerosos desafíos.

En el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialectales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 25.7 millones de personas, es decir el 21.5% de la población, se autoadscribe como indígena. Mientras tanto, 12 millones de habitantes (10.1% de la población) señalaron vivir en hogares indígenas. También, el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una lengua indígena, representando a 7.4 millones de personas.

Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 69.5% de la población indígena, 8.4 millones de personas, experimenta una situación de pobreza, y el 27.9%, 3.4 millones de personas, de pobreza extrema. Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación.

México firmó el Convenio 169 de la OIT en 1990, y en 1992 el país se reconoció como una nación pluricultural al modificarse el artículo 2 de su Constitución.

El 1 de enero del 2019, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cumplió 25 años del inicio de su levantamiento. Manifestó su oposición a los proyectos de infraestructura que la administración federal tiene programados, tal como el Tren Maya o el Corredor Transístmico.

Megaproyectos, consulta, pueblos indígenas y afromexicanos

México se reconoce como un país pluridiverso, con grandes contrastes sobre todo en materia económica. El Gobierno Federal ha aplicado una estrategia de combate a la corrupción, que inició con la transformación de los programas de atención a la población en situación de carencia social según lo registrado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; tal como las aportaciones económicas que se reparten de forma personalizada, las cuales no consideran la perspectiva cultural ni la cosmovisión de los pueblos indígenas, ignoran su organización y sus prácticas solidarias derivadas de sus sistemas normativos internos, por lo que minan su estructura comunitaria y debilitan su tejido social.

La visión de desarrollo nacional también ha sido impuesta en los territorios indígenas a través de los grandes proyectos de infraestructura, sin considerar su participación, necesidades y aspiraciones, lo que pone en riesgo la supervivencia de los pueblos como entidades colectivas y su territorio, conforme lo señaló el representante de la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Tren Maya es considerado el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turístico de la actual administración federal. Abarca un recorrido de 1.525 kilómetros en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con 15 estaciones y una inversión aproximada de entre 120 a 150 mil millones de pesos mexicanos.

Sin embargo, algunas comunidades indígenas han reaccionado contra lo que consideran una imposición a través de la presentación de demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Es el caso de Xpujil, Calakmul, en Campeche, que obtuvo la suspensión provisional del proyecto porque no conocen los estudios técnicos ni la Manifestación de Impacto Ambiental, además de señalar que la consulta fue simulada y fraudulenta, sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la mayor oposición a los megaproyectos está representa por el EZLN, cuyos miembros manifestaron su disposición a morir como guardianes de la tierra, antes de permitirlos.

Con los procedimientos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es difícil cuidar la afectación ambiental debido a que deja la responsabilidad a las comunidades para solicitar las consultas cuando exista una Manifestación de Impacto Ambiental, y no antes de que se diseñe el proyecto.  El derecho a la consulta de los pueblos indígenas se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución y en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, la cual debe ser previa, libre e informada; además de formar parte de su derecho a la autonomía, libre determinación y desarrollo. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha convertido este derecho en un mero trámite administrativo, pues restringe el contenido de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al determinar que es necesario que exista un impacto significativo para que se realice una consulta; y determina que ésta será considerada previa si se realiza antes de la ejecución del proyecto.

En este contexto, fue reformada la Constitución Federal para incluir a los pueblos y comunidades afromexicanas en el Apartado C del artículo 2 de la Constitución, sin señalar expresamente sus derechos. Esto hace obligatoria su inclusión en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, que por primera ocasión contiene la pregunta: “¿usted en razón de sus antepasados, tradiciones, costumbres se considera afromexicano, negro o afrodescendiente?”.

Si bien este año el Senado ratificó dos instrumentos internacionales: la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia; y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia; los pueblos indígenas y los afromexicanos han sido reconocidos exclusivamente como sujetos culturales, y no como personas jurídicas de derecho público dentro del sistema legal, lo que les impide contar con personalidad jurídica para defender sus derechos colectivos y su patrimonio.